Luis Ignacio| Noticias |Sáb, 06/26/2021 07:16. A pesar de que el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Oficina del Alto Comisionado de Nacionales Unidas, Diego García-Sayán sostiene que el método de selección de magistrados en Oaxaca fue irregular y afectó el principio de independencia judicial, existiendo además discriminación por razones de género, el titular del Poder Ejecutivo insiste en mantener como magistrados a Moisés Molina Reyes y Abraham Isaac Soriano Reyes.
Ahora, a través de las redes sociales se ha hecho público que el titular del Poder Ejecutivo solicitó al consejero jurídico, José Octavio Tinajero Zenil, que se investigue a la jueza Érika María Rodríguez, quien participó en el proceso de selección de la terna para ocupar una magistratura en el Poder Judicial del estado y recurrió a la protección de la justicia federal ante lo que consideró violaciones al procedimiento de selección contemplado en la Constitución local.
Antes, el mismo funcionario interpuso un recurso de queja en contra del juez que ordenó la suspensión provisional de los magistrados por el juicio de amparo interpuesto también por la abogada Jéssica Maribel Arango Bravo, quien asimismo participó en la selección de la terna.
«Imposición de magistrados»
Esto a pesar de que el relator especial de la ONU ha manifestado que “preocupa la falta de respeto al procedimiento constitucional para ocupar vacantes en el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca. La magistrada Érika María Rodríguez fue seleccionada por el Consejo de la Judicatura y por el Congreso del Estado”.
Más aún, en el llamamiento urgente con motivo de la imposición de los magistrados, manifiesta que por la forma en que se dio la designación de Molina Reyes y Soriano Reyes, existe una invasión por parte del poder ejecutivo a través del gobernador hacia las facultades legislativas, además de las irregularidades en que incurrió el poder legislativo puesto que no existe una justificación para no haber convocado a sesionar al Congreso local y no haber respetado la preselección realizada por la Comisión Permanente del Congreso.
En este sentido, la actuación tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo afectan gravemente la independencia judicial.
“Estos actos, con independencia de las irregularidades dentro del proceso de selección, vulneran el derecho a una representación equitativa del género en los sistemas de justicia (paridad de género) y el derecho de las mujeres a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, además del principio de igualdad y no discriminación por razones de género. Lo anterior se agrava tomando en consideración la composición actual del Tribunal Superior de Justicia: 21 hombres y 7 mujeres, ya que no existen lineamientos que garanticen la paridad de género en el poder judicial en Oaxaca”.
Subraya que adicionalmente consideran que se ha vulnerado el artículo Séptimo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que, en la parte conducente, señala “Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales…”.
